Inversiones
México y la Unión Europea: Más de dos décadas de alianza estratégica
La relación entre México y la Unión Europea se ha caracterizado por ser dinámica y visionaria. Para comprender el verdadero alcance de la modernización, es fundamental observar cómo ha madurado nuestra alianza a lo largo de los años.
Protección de Inversiones: el nuevo Tribunal de Inversiones
La certeza jurídica es la condición sine qua non para que un inversionista decida comprometer capital a largo plazo en un país extranjero. El AGM refuerza sustancialmente esa certeza al reemplazar el sistema anterior de protección de inversiones por un mecanismo completamente renovado.
Lo que se sustituye es el modelo tradicional de arbitraje Inversionista-Estado — conocido por sus siglas en inglés como ISDS — que operaba bajo los 16 Acuerdos Bilaterales de Inversión (conocidos en México como APPRIs) que México tenía vigentes con países europeos. Ese modelo había sido objeto de críticas por falta de transparencia, riesgo de conflictos de interés por parte de los árbitros, y ausencia de un mecanismo de apelación que corrigiera errores de los laudos. El AGM crea en su lugar el Sistema de Tribunal de Inversiones, un modelo permanente e institucionalizado que adopta principios propios del derecho público internacional.
El sistema opera en dos instancias. La primera es un Tribunal integrado por nueve miembros permanentes — tres designados por la UE, tres por México y tres provenientes de terceros países — que conoce y resuelve las demandas de los inversionistas. La segunda es un Tribunal de Apelación de seis miembros, facultado para revisar, revocar o modificar los laudos de primera instancia cuando se detecten errores de derecho o apreciación de los hechos. Esta doble instancia, inexistente en el modelo ISDS tradicional, introduce un elemento de corrección y predictibilidad que los sistemas arbitrales clásicos no ofrecían.
Las garantías de imparcialidad son igualmente robustas. Los miembros de ambos tribunales deben ser completamente independientes, no pueden recibir instrucciones de ningún gobierno y están sujetos a un estricto Código de Conducta que los obliga a revelar cualquier interés financiero o personal. Crucialmente, tienen prohibido actuar simultáneamente como abogados, expertos o testigos en cualquier otra disputa de inversión — la práctica del llamado "cambio de sombrero" que había generado cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema anterior. Todas las actuaciones del tribunal serán públicas: los documentos estarán disponibles en línea y las audiencias se transmitirán por internet.