Reglas y Disposiciones generales
El AGM establece un marco institucional y procedimental diseñado para garantizar el aumento del comercio y la inversión entre México y la UE. Este sistema brinda condiciones de certidumbre para los operadores económicos mediante normas transparentes y estables.
La Cumbre Presidencial
El diálogo político al más alto nivel se materializa mediante las Cumbres presidenciales. Estos encuentros promueven el desarrollo de las relaciones bilaterales y refuerzan la colaboración estratégica ante retos globales y regionales. Las partes abordan temas de política internacional y asuntos multilaterales para coordinar sus posiciones en foros globales.
El Consejo Conjunto
El Consejo Conjunto constituye la máxima instancia institucional en materia comercial y de inversión y está integrado, a nivel ministerial, por representantes de la Secretaría de Economía de México y de la Unión Europea. Este órgano tiene la facultad de adoptar interpretaciones vinculantes de las disposiciones del tratado y de adoptar decisiones para modificar anexos específicos, como la lista de eliminación arancelaria o las normas de origen. Su función principal consiste en asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales y de inversión del tratado.
El Comité Conjunto
El Comité Conjunto asiste al Consejo Conjunto y está integrado por representantes de alto nivel de ambas partes. Su responsabilidad central es garantizar la correcta ejecución y aplicación del acuerdo evaluando continuamente los resultados obtenidos. Este comité supervisa el trabajo de los subcomités y procura prevenir o resolver cualquier diferencia relacionada con la interpretación o la aplicación del tratado antes de recurrir a mecanismos formales. Tiene la autoridad para recomendar decisiones al Consejo Conjunto o adoptarlas directamente en los intervalos entre las reuniones ministeriales.
Subcomités Especializados
El tratado establece diversos subcomités y grupos de trabajo especializados para abordar áreas técnicas operativas. Las áreas de trabajo contemplan el comercio de mercancías, la agricultura, los vinos y bebidas espirituosas, las aduanas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, el bienestar animal, los obstáculos técnicos al comercio, los servicios e inversión, los servicios financieros, la contratación pública, la propiedad intelectual y el desarrollo sostenible. Estos órganos formulan recomendaciones de común acuerdo y garantizan que las normativas de cada sector funcionen de manera coordinada.
Los Coordinadores
Cada parte designa un coordinador responsable de facilitar las comunicaciones bilaterales sobre cualquier asunto amparado por el acuerdo. Los coordinadores se encargan de preparar conjuntamente los órdenes del día para las reuniones del Consejo Conjunto y del Comité Conjunto. Realizan el seguimiento de las decisiones adoptadas por estos órganos institucionales para asegurar su implementación efectiva.
Transparencia y Buenas Prácticas Regulatorias
El acuerdo obliga a publicar, de forma no discriminatoria y fácilmente accesible, las leyes y los procedimientos administrativos relevantes para el comercio. Las partes deben ofrecer a los operadores comerciales un plazo adecuado para formular observaciones sobre propuestas de introducción o modificación de regulaciones. Las nuevas normativas se ponen a disposición del público antes de su entrada en vigor para permitir que las empresas se familiaricen con los requisitos.
Mecanismo para Resolver Diferencias
El Comité Conjunto asume la función inicial de prevenir y resolver cualquier litigio que surja respecto de la interpretación o aplicación del tratado. Las partes procuran alcanzar soluciones de mutuo acuerdo mediante consultas bilaterales directas. En materia de inversiones el tratado establece un sistema judicial permanente para resolver controversias entre inversionistas y Estados de manera imparcial y predecible.
Excepciones y Flexibilidad
El tratado protege expresamente el derecho de las partes a regular en su territorio para alcanzar objetivos legítimos de política pública. Se mantiene plena autonomía para implementar medidas destinadas a proteger la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, los servicios sociales y la diversidad cultural. El acuerdo garantiza un equilibrio adecuado entre la liberalización comercial y la capacidad del Estado para regular en beneficio del interés público.
Participación de la Sociedad Civil
El acuerdo institucionaliza la participación ciudadana mediante grupos consultivos internos que se reúnen anualmente para debatir cuestiones relativas a la aplicación del tratado. Cuando el Consejo Conjunto o el Comité Conjunto celebran reuniones sobre comercio se convoca simultáneamente un Foro de la Sociedad Civil. Este foro facilita un diálogo directo entre las organizaciones sociales de ambas partes y las autoridades responsables de la ejecución del acuerdo.