EL GOBIERNO DE MÉXICO RECHAZA FIRMEMENTE LA EJECUCIÓN EN TEXAS DEL CONNACIONAL EDGAR TAMAYO
México, D.F., 19 de enero de 2014. En relación con el caso de nacional mexicano Edgar Tamayo Arias, preso y sentenciado a pena capital en el estado de Texas, Estados Unidos, el gobierno de México reitera su firme rechazo a la ejecución del connacional programada para el 22 de enero de 2014.
En 2004, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia conocida como Fallo Avena, resolvió que Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias de 51 mexicanos –incluido Edgar Tamayo- que fueron condenados a la pena capital sin haber sido notificados de su derecho a recibir asistencia y protección por parte de las autoridades consulares mexicanas, tal y como establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
De tener lugar la ejecución de Edgar Tamayo sin que su proceso penal sea revisado y su sentencia reconsiderada, de conformidad con lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia, constituiría el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del fallo Avena, así como una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena, cuya observancia es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluyendo los nacionales de Estados Unidos, mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero.
México valora los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para asegurar que el estado de Texas acate el Fallo Avena así como el repetido reconocimiento de su obligación internacional en el transcurso de los años recientes y los esfuerzos realizados junto con algunos legisladores federales para buscar la aprobación de una iniciativa de ley que asegure el cumplimiento en todos los estados de esta obligación internacional; legislación que desafortunadamente continúa sin concretarse.
Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con los abogados del señor Tamayo, ha hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución de nuestro connacional. Entre las acciones legales más recientes se encuentran la presentación de un recurso judicial fundado en las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que desde el 18 de enero de 2012 había pronunciado medidas cautelares ordenando la suspensión de la ejecución. De igual manera, el pasado 14 de enero se presentó una demanda federal en Austin, Texas, solicitando que el Gobernador y la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas (BPP), se abstengan proceder con la ejecución hasta que se establezca un procedimiento adecuado y transparente.
Las acciones políticas nacionales incluyen entre otras, las cartas que el secretario José Antonio Meade, el Embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, el presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y diversos legisladores federales dirigieron al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, solicitando la suspensión de la ejecución.
En el plano internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la Coalición Nacional Evangélica Latina, los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, Honduras y Uruguay en EUA, la American Bar Association, el American Friends Service Comittee, y los Departamentos de Estado y Justicia de los EUA dirigieron misivas apelando igualmente a la autoridades de Texas para suspender la ejecución de Tamayo Arias. Asimismo, el pasado 15 de enero, el Embajador de México ante la Organización de Estados Americanos abrió el debate sobre la abolición de la pena de muerte en América y denunció el incumplimiento de Estados Unidos del fallo de la CIJ.
Esta Secretaría, a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y el Consulado General de México en Houston, continuará asistiendo a familiares del connacional Edgar Tamayo Arias. Algunas de las gestiones a favor de la familia incluyen el apoyo en la obtención de documentación de viaje para visitarlo en Texas, apoyo económico para su traslado, alimentación y hospedaje en esa ciudad y el acompañamiento en sus visitas a Edgar en la prisión. La familia Tamayo también cuenta con el apoyo del gobierno de Morelos.
El Gobierno de México se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena, por lo que en el año 2000 creó el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP) logrando a la fecha, evitar o revertir la imposición de la pena de capital en 868 casos.